Fundación Naturgy / V3.2 / Módulo profesional de Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

32 I información detallada sobre cuestiones de sostenibilidad. Siguiendo esta directiva, las empresas deberán informar sobre cómo su modelo de negocio afecta a la sostenibilidad y cómo los factores externos de sostenibilidad (como el cambio climático o los derechos humanos) influyen en sus actividades. El objetivo de esta nueva directiva es establecer unas reglas básicas de reporting comunes en la Unión Europea con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la información reportada sobre el desempeño ASG de las compañías: una información de mayor utilidad para los grupos de interés, consistente, homogénea y que permita la comparabilidad entre compañías. Además, para asegurarse de que las empresas ofrecen información fiable al mercado y que los inversores cuentan con datos comparables, estarán sujetas a auditorías independientes y procesos de certificación. ¿A qué empresas aplicará? Los nuevos requisitos de información sobre sostenibilidad de la UE se aplicarán a todas las grandes empresas, coticen o no en los mercados de valores. Las empresas no comunitarias con actividad sustancial en la UE (con un volumen de negocios superior a 150 millones de euros en la UE) también tendrán que cumplirlas, al igual que las pymes que cotizan en bolsa. Ver Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de informes de sostenibilidad corporativa (CSRD) . Entre finales de 2023 y principios de 2024 se espera que los estados miembros hagan la transposición de la CSRD que empezará a aplicar en 2025 sobre la información de 2024. Hasta entonces, en España, las compañías siguen informando de acuerdo a la Ley 11/2018 de Información no Financiera. Ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad en España En diciembre de 2018 se publicó la ley 11/2018 de Información no Financiera y Diversidad con el fin de mejorar la coherencia y la comparabilidad de la información no financiera divulgada, así, algunas empresas deben preparar un estado de información no financiera que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Como explica en su preámbulo, la Ley 11/2018 «tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general». Esta ley, que es la transposición nacional de la Directiva 95/2014 (NFRD), señala que “la divulgación de información no financiera resulta esencial para la gestión de la transición hacia una economía mundial sostenible que combine la rentabilidad a largo plazo con la justicia social y la protección del medioambiente”. El contenido que se deberá reportar en materia de información no financiera será el relativo a las cuestiones de: • Medioambiente • Temas sociales y relativas al personal • Respeto de los Derechos Humanos • La lucha contra la corrupción y el soborno • La sociedad Esta información deberá recogerse en un informe independiente cuyo contenido se estructure conforme a marcos internacionales, tales como: el Sistema de Gestión y Auditoría medioambientales (EMAS), el Pacto Mundial (Informe de Progreso), Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acuerdo de París sobre el cambio climático, Principios Rectores sobre empresas y DDHH de Naciones Unidas, las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, la norma ISO 26000 o los Estándares GRI (Global Reporting Initiative). El contenido deberá divulgarse de forma gratuita en la página web de la compañía y estar disponible en los primeros seis meses desde la finalización del ejercicio y durante al menos cinco años. Asimismo, estos informes se podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, si así lo desea la empresa.