Fundación Naturgy / V3.1 / Módulo profesional de Sostenibilidad aplicada al sistema productivo

68 I El análisis de la factura global de las emisiones de CO 2 para 2023 muestra que el aumento de las emisiones se debe sobre todo al transporte aéreo y terrestre. Por el contrario, las emisiones industriales han disminuido, debido al menor uso del carbón y a la disminución de la actividad económica. Por último, las asociadas al sector energético también lo han hecho, al igual que las residenciales debido en gran medida a un mix energético más verde. La intensidad de las emisiones con respecto al PIB ha mejorado en un 2,7% en 2023. Estados Unidos y de la Unión Europea mejoraron en un 4,5% y un 5,5% respectivamente y en un 2,1% en China. En cuanto a las emisiones por habitante en el mapa de los emisores de CO 2 per cápita muestra cómo la mayoría de los países en vías de desarrollo emiten menos de una tonelada de CO 2 por habitante y año, mientras que aquellos más “desarrollados” superan como mínimo las cinco toneladas anuales por persona. Se pueden observar excepciones, como Francia con sus menores índices de emisión debido a la dependencia de la energía nuclear; o Costa Rica, que ha alcanzado un alto Índice de Desarrollo Humano mediante un modelo de desarrollo sostenible contrapuesto al del resto de países en desarrollo. Esta radiograf ía contrasta con la distribución del riesgo que las consecuencias del cambio climático tendrán en los países en vías de desarrollo. En aquellos países donde las consecuencias serán más devastadoras, es donde sería necesario actuar con una mayor inversión y recursos para asegurar unas infraestructuras resilientes. Aunque estos países no han sido los responsables del estado de emergencia climática actual, se les impone la apuesta por modelos energéticos más sostenibles que, debido a encontrarse en un estadio incipiente, requieren una mayor inversión económica que puede ralentizar el crecimiento del país en el corto plazo. En las COP que se han ido sucediendo, es un debate recurrente decidir quién debe pagar los daños causados por el cambio climático y, en particular, los desastres por casos de clima extremo que afectan a los países pobres que no son responsables del cambio climático.