Fundación Naturgy / Comprendiendo la pobreza energética

63 Estrategia nacional contra la pobreza energética: situación y diagnóstico 29 Los descuentos del bono social, del 65% para los consumidores vulnerables y del 80% para los consumidores vulnerables severos, se mantuvieron hasta el 30 de septiembre de 2024. A partir de ese momento, se aplica una reducción del descuento de 7,5 puntos porcentuales por trimestre, con relación al total de la factura. A partir del 1 de julio de 2025, el descuento para los consumidores vulnerables será del 35% y el de los consumidores vulnerables severos del 50%, con carácter indefinido (Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social). Los cuatro indicadores seguidos para monitorizar el avance de la ENPE han sido los empleados por el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV). El segundo eje busca la mejora de la respuesta frente a la situación de pobreza energética, principalmente a través de mecanismos de subsidio –creación de un bono social energético y garantía del suministro mínimo vital (SMV)– y de protección de los consumidores (prohibición de cortes del suministro ante situaciones climáticas extremas) (Figura 5.2). Desde octubre de 2018 (Real Decreto 15/2018) está disponible un bono social térmico, que compensa gastos energéticos en calefacción y agua caliente, para los hogares vulnerables. El acceso al bono social térmico depende de la obtención previa del bono social eléctrico –un descuento en la cantidad abonada por electricidad–. Los beneficiarios del bono social eléctrico tienen concedido a nivel estatal a su vez, desde 2020 (Real Decreto-Ley 37/2020), el suministro mínimo vital (medida 5), es decir, la imposibilidad de que les sea retirado un nivel de suministro eléctrico mínimo durante un período determinado. Según el artículo 45bis de la Ley 24/2013, modificada en 2020, el SMV es “una potencia límite que garantiza unas condiciones mínimas de confort, que no podrá ser superada durante un periodo de seis meses en los que el suministro no podrá ser interrumpido, conforme a los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen”. Este SMV se aplica en los hogares vulnerables pasados los cuatro meses desde la fecha de impago. Adicionalmente, la prohibición de cortes del suministro, que se introdujo a raíz de la pandemia de COVID-19, así como los aumentos en los descuentos del bono social eléctrico, se han ido prorrogando sucesivamente (29) . Gracias a estas medidas, 1,3 millones de consumidores fueron beneficiarios del bono social eléctrico, lo que representó un incremento del 8% en comparación con 2021. En relación con los